Apenas comienza una nueva legislatura y ya se habla, una vez más, de la posibilidad de concretar una reforma energética. La tarea parece urgente, pero aún faltan consensos. Además, el momento político podría ser poco propicio. Las propuestas se centran ahora en la necesidad de cambios en Petróleos Mexicanos (Pemex), más que en el sector eléctrico. Se buscará –según sus promotores en el gobierno y en el Congreso– autonomía de gestión, un mejor gobierno corporativo para Pemex y una reforma fiscal-petrolera por la declinación de Cantarell y por la merma esperada de los ingresos correspondientes, así como una reforma jurídica de alcance constitucional que permita esquemas mixtos de inversión.

El desafío, cada día más impostergable para evitar una crisis de amplias repercusiones en el país, es separar a Pemex del trabajo de gobierno, dejándole sólo la labor de una empresa, y reinvertir en la propia industria las utilidades y los excedentes que obtiene la paraestatal. Recientemente, Luis Ramírez Corzo, su director general, hizo un llamado a favor de un nuevo régimen fiscal que permita deducir el costo de realizar los proyectos, gravando las utilidades de Pemex con 36 o 38%, en vez de gravar sus ingresos totales.

Tan sólo esta propuesta, en caso de ser aprobada, sería una revolución fiscal, ya que implica darle a la paraestatal casi el mismo trato impositivo que reciben otras empresas y reconocer que, con Cantarell disminuido, Pemex ya no podrá seguir siendo la vaca lechera del país. La idea de deducir el costo de los proyectos se fundamenta en que, con el trato fiscal actual, los proyectos de la petrolera no son rentables si el costo de producción es mayor a 6.50 dólares por barril. En Cantarell, ese costo es de 3.50 dólares, pero en Chicontepec y en aguas profundas, es de 12 dólares o más.